El alcalde de Sepúlveda ordena destruir una placa en honor a un gobernador civil

Foto: E. P.

Un operario municipal de este municipio segoviano ha destruido en la mañana de este jueves, con cincel y martillo, la placa con el nombre del antiguo gobernador civil Pascual Marín Pérez, quien fue jefe provincial del Movimiento.

Un operario municipal de Sepúlveda (Segovia) ha destruido en la mañana de este jueves, con cincel y martillo, la placa con el nombre del antiguo gobernador civil Pascual Marín Pérez, quien fue jefe provincial del Movimiento, que lucía en una de las fachadas de la antigua escuela Virgen de la Peña, hoy convertida en espacio cultural y social.

 

La orden de la retirada la ha dado el alcalde, Ramón López (PSOE), para dar así cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, que impone a las administraciones públicas la adopción de medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión franquista.

 

El pasado mes de junio, el abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, presentó derecho de petición ante el Consistorio para solicitar la creación del catálogo de vestigios, así como la retirada inmediata toda la simbología que existe en el municipio, entre ella el monumento dedicado a la Falange Española del cementerio municipal y los nombres de los Caídos por Dios y por España de la iglesia de San Justo y San Pastor.

 

En respuesta, el Ayuntamiento informó de que la iglesia era propiedad del Obispado y que la inscripción de la fachada está prácticamente borrada, al tiempo que propuso solicitar informe a la Diputación con respecto a la retirada del monumento existente en el cementerio municipal.

 

Precisamente, a principios de este año Ranz remitió un escrito a la Institución provincial para que obligara al Consistorio sepulvedano a la elaboración del catálogo y a suprimir los vestigios y próximamente, ante la "inacción" del Consistorio, tenía previsto presentar una denuncia ante los juzgados.

 

Según ha explicado el regidor, la pasada semana recibió el pronunciamiento de la Diputación, en el que esta argumenta que carece de competencias para valorar la legalidad o conveniencia de los acuerdos de otras entidades locales, así como para imponerlas la realización de prestaciones a las que estuviera obligada para el cumplimiento de disposiciones generales.

 

En su informe, firmado por el jefe del Servicio de Asesoramiento a Municipios, Alejandro González-Salamanca, indica además que son los tribunales de justicia los únicos que pueden obligar a un ayuntamiento a realizar las prestaciones a las que está obligada.