Desarticulada por la Guardia Civil de Segovia una organización criminal especializada en estafas mediante la suplantación de correos electrónicos corporativos, una modalidad conocida como Business Email Compromise, que permitió desviar más de 32.000 euros de dos ayuntamientos de la provincia destinados al pago de facturas legítimas.

La operación, denominada Canterbec, ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica y el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia y se ha saldado con la identificación de cinco personas implicadas en la red y la detención de tres de ellas en las provincias de Orense, Almería y Sevilla, recoge EFE. 

A los implicados se les atribuye la supuesta autoría de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según ha informado este jueves la Guardia Civil.

La investigación comenzó a raíz de las denuncias presentadas por dos ayuntamientos segovianos y una empresa de construcción, después de que estas entidades detectaran que varias transferencias destinadas a abonar facturas legítimas habían terminado en cuentas bancarias controladas por los supustos autores del fraude.

Las primeras pesquisas permitieron determinar que los ciberdelincuentes habían monitorizado las comunicaciones electrónicas entre la empresa constructora y los distintos ayuntamientos.

Posteriormente, enviaron mensajes fraudulentos desde direcciones de correo prácticamente idénticas a las auténticas para comunicar un supuesto cambio de cuenta bancaria en la que debían ingresarse los pagos de futuras facturas.

Los correos incluían documentación falsa con apariencia de autenticidad para reforzar la credibilidad del engaño y conseguir que los destinatarios modificaran los datos bancarios utilizados habitualmente para realizar las transferencias.

Como consecuencia de esta maniobra, dos ayuntamientos efectuaron pagos por un importe conjunto superior a los 32.000 euros, convencidos de que estaban abonando las obras y servicios contratados.

Otros organismos públicos también recibieron los mensajes fraudulentos, aunque detectaron la irregularidad antes de realizar transferencia alguna, recoge EFE. 

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del dinero desde las cuentas receptoras iniciales hasta su posterior dispersión mediante nuevas transferencias bancarias y retiradas de efectivo en cajeros automáticos, una operativa destinada a dificultar el seguimiento de los fondos.

El análisis de los movimientos bancarios y de las evidencias tecnológicas permitió relacionar las cuentas utilizadas con las personas que figuraban como titulares o que colaboraban en el movimiento del dinero.

Además, los agentes comprobaron que alguno de los implicados ya estaba siendo investigado en otros procedimientos por presuntos fraudes similares contra empresas y administraciones públicas.

Tras identificar a los presuntos integrantes de la red, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación, que concluyó con tres detenciones en Orense, Almería y Sevilla, mientras que otras dos personas fueron identificadas como implicadas.