La Guardia Civil de Segovia investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa y otro de falsedad documental, tras la denuncia del legítimo propietario de un turismo de alta gama valorado en 71.000 euros. El caso ya está en manos de la justicia, tras cerrarse la pesquisa policial, y reconstruye cómo un simple contrato de compraventa terminó convertido, según los hechos descritos en el informe de los agentes, en una operación de suplantación documental.

Todo comenzó con la firma de un contrato de compraventa del vehículo entre el propietario y el hoy investigado. Las partes pactaron un pago aplazado sometido a una cláusula de reserva de dominio, una figura habitual que permite al vendedor conservar la titularidad del coche hasta que el comprador liquida la totalidad del precio. En ese primer momento, el vendedor recibió un pago inicial de 24.000 euros, quedando pendiente el resto de la cantidad acordada.

Fue después, según la investigación, cuando se torció la operación. El comprador presuntamente confeccionó de forma fraudulenta una factura de compraventa y un mandato de representación, documentos en los que habría suplantado la firma del propietario original. Con ese material en la mano, logró eludir las restricciones que imponía la reserva de dominio ante la Jefatura Provincial de Tráfico, y consiguió inscribir el coche a nombre de una empresa con sede en la Comunidad de Madrid, sin que el dueño real llegara a autorizarlo ni a enterarse.

El movimiento no acabó ahí. Con el objetivo de dificultar el rastreo de la operación y asegurarse un beneficio económico ilícito, el vehículo fue transmitido de forma sucesiva entre varios terceros, lo que complicó notablemente reconstruir su recorrido una vez consumada la primera falsificación.

Las diligencias practicadas por los investigadores y las peritaciones documentales realizadas por especialistas de la Guardia Civil han confirmado que el denunciante nunca firmó ni autorizó los papeles utilizados para transferir su coche. Este hecho ha sido clave para atribuir al investigado la autoría de delitos de falsedad documental y estafa.

Con la instrucción policial cerrada, el caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia del Partido Judicial de Segovia, que asume ahora el procedimiento judicial y deberá decidir los próximos pasos a partir de los indicios reunidos por los agentes.