Cuando una imprudencia desencadena un incendio forestal que pone en peligro vidas humanas, la legislación española prevé penas de hasta diez años de prisión, incluso aunque no exista intención de provocar el fuego.

La gravedad de estos delitos vuelve a estar en el centro del debate tras los grandes incendios que afectan a Madrid y Ávila. El Gobierno decidió este sábado unificar el mando del operativo de extinción bajo la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a un incendio que ha terminado fusionando varios focos en un único frente. El balance provisional deja más de 25.000 hectáreas calcinadas y más de 70.000 personas evacuadas o confinadas.

Qué castiga el Código Penal

La legislación española dedica varios artículos del Código Penal a los delitos relacionados con incendios forestales. Cuando el fuego se provoca de forma intencionada y supone un peligro para la vida o la integridad física de las personas, la pena puede alcanzar entre diez y veinte años de prisión, según establece el artículo 351.

Si el incendio afecta a montes o masas forestales, pero no llega a poner en riesgo vidas humanas, las condenas previstas oscilan entre uno y cinco años de cárcel, además de una multa económica. Estas penas pueden agravarse cuando el incendio reviste una especial gravedad, por ejemplo, si afecta a una gran superficie, se acerca a zonas habitadas, alcanza espacios naturales protegidos o las condiciones meteorológicas favorecen una rápida propagación de las llamas.

Sin embargo, no todos los incendios tienen un origen intencionado. El artículo 358 contempla los casos en los que no existe dolo, es decir, cuando el fuego se produce por una imprudencia grave. En estos supuestos la pena es inferior a la prevista para los delitos dolosos, aunque sigue siendo muy elevada cuando el incendio pone en peligro a las personas, con condenas que pueden situarse entre cinco y diez años de prisión.

Las cifras de la Fiscalía General del Estado muestran que los incendios provocados por descuidos continúan siendo el principal problema. Durante 2024 fueron detenidas o investigadas 306 personas por su presunta relación con incendios forestales.

Además, entre 2020 y 2024, más del 65% de los incendios registrados tuvieron su origen en negligencias o accidentes, muy por encima de los fuegos provocados deliberadamente por pirómanos o incendiarios.