Castilla y León decretará el cierre de bares y restaurantes desde el día 6 de noviembre, de los centros comerciales y de las instalaciones deportivas, y ha decidido aparcar, por ahora, el confinamiento domiciliario a la espera de que el Gobierno central se pronuncie. Además, se tomarán otras medidas como la prohibición de público en las competiciones deportivas y el cierre de los centros comerciales. Las medidas las acaba de anunciar el presidente del gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, que comparecía esta mañana tras una reunión con el comité de expertos y tras varias jornadas en las que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha hablado de posibles confinamientos. Las medidas, ya anunciadas, deberán ser sometidas a ratificación judicial, según ha explicado el presidente de la Junta.

La Junta ha anunciado:

- Cierre de centros deportivos que no sean al aire libre excepto para el deporte oficial, lo que supone el cierre de gimnasios; no habrá público en competiciones deportivas.

- Cierre de centros comerciales excepto para comercios esenciales y de menos de 2.500 metros con acceso exterior.

- Clausura de la hosteleria y restauración excepto para recoger y llevar comida a domicilio.

Castilla y León no logra frenar el aumento de contagios y ha optado por tomar medidas drásticas esta semana, con un calendario clave para intentar parar la pandemia en la comunidad. Ante esta situación, ha optado por el cierre de la hostelería como han hecho Asturias, País Vasco o Cataluña. Además, cerrará los centros comerciales salvo para actividades esenciales, pero sí deja abierto el comercio convencional.

"Desde el principio de la pandemia el gobierno que presido ha tomado decisiones difíciles", ha dicho un Fernández Mañueco muy serio, que ha insistido en que toman las decisiones con la unión de política y ciencia. Ha pedido que no se estigmatice al sector de bares y restaurantes con estas medidas. "Los datos de transmisión del virus en nuestra comunidad son alarmantes", ha dicho el presidente que ha destacado el crecimiento "exponencialmente" de enfermos, ingresos y defunciones "con igual virulencia en zonas urbanas y rurales". Ha hecho un llamamiento a la concienciación social "porque cada día está en juego la vida de muchas personas".

En cuanto a los confinamientos domiciliarios, la Junta ha decidido esperar como ha pedido el Gobierno central, que asume que es "entendible" que haya comunidades autónomas que tengan "propuestas" y actúen en el ámbito de sus competencias. El Gobierno ha pedido no precipitarse con el confinamiento domiciliario, esperar a ver el efecto del toque de queda y agotar el plazo del decreto de estado de alarma, el 9 de noviembre.

Castilla y León se encuentra en una delicada situación epidemiológica por el aumento imparable de los contagios, que le ha llevado a rozar los 900 nuevos casos de enfermos de Covid por 100.000 habitantes. Eso envía a la comunidad directamente al nivel más alto del 'semáforo' Covid, que incluye poder implantar confinamientos y la reducción de aforos y reuniones de manera drástica y generalizada: transporte público al 30%, comercios al 25%, cierre de bingos, casinos y locales de apuestas, suspender las salidas de residentes de residencias de mayores y limitar las visitas, a valorar la educación "semipresencial", limitar a un aforo del 30% los centros de formación no reglada (academisas), dejar al 25% el aforo de bibliotecas, museos...