La inspectora que denunció al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González,  declaró durante más de dos horas ante el juez instructor, en una comparecencia marcada por la intensidad del interrogatorio y el elevado número de cuestiones planteadas por todas las partes. Según su representación legal, la agente respondió a cerca de 300 preguntas con un relato "detallado y coherente" sobre la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025.

El abogado de la denunciante subrayó la dificultad del testimonio, destacando el impacto emocional que ha supuesto para su cliente revivir los hechos. Desde que se hizo público el caso, la inspectora cuenta con protección permanente ante el temor a posibles represalias, una situación que su defensa considera relevante para valorar el contexto en el que se desarrolla el proceso judicial.

En este sentido, la acusación solicitó al juez la imposición de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de comunicación del investigado con la víctima. Sin embargo, el magistrado rechazó la petición al entender que no existe un riesgo actual, señalando que no ha habido contacto entre ambas partes desde hace meses y que el exalto cargo ya no ocupa una posición de poder dentro del cuerpo policial.

A pesar de ello, el instructor considera que existen indicios suficientes de un posible delito de agresión sexual como para continuar con la investigación. No obstante, ha descartado por el momento otros delitos incluidos en la querella inicial, como coacciones, lesiones psíquicas o malversación de fondos públicos, centrando el procedimiento exclusivamente en lo ocurrido el día de los hechos.

La defensa de la víctima discrepa de esta limitación y sostiene que también deben investigarse presuntas presiones posteriores destinadas a silenciarla. Según esta versión, dichas actuaciones habrían implicado incluso ofrecimientos profesionales por parte de personas del entorno del investigado. Ante esta situación, el abogado ha anunciado "la posibilidad de presentar nuevas acciones judiciales por separado si estos aspectos quedan fuera del procedimiento actual".

Además, la acusación ha avanzado que recurrirá la negativa del juez a adoptar medidas cautelares, al considerar que el riesgo para la denunciante sigue siendo elevado. También ha solicitado que se investigue una posible filtración de datos personales, al entender que la identidad de la víctima pudo haberse hecho pública de forma indebida.

Por su parte, la defensa del exDAO ha planteado nuevas diligencias, entre ellas aclarar las circunstancias de un traslado profesional solicitado por la inspectora tras los hechos, sugiriendo posibles contradicciones en su comportamiento posterior.

El proceso continúa ahora en fase de instrucción, con la previsión de nuevas declaraciones, entre ellas la de testigos relevantes que podrían aportar más información sobre lo ocurrido y sobre los hechos posteriores que rodean el caso.