La Guardia Civil ha intervenido 472 animales exóticos protegidos, valorados en 85.000 euros, en una operación que ha sacado a la luz un supuesto refugio que operaba sin licencias ni autorizaciones en la localidad abulense de Burgohondo y que servía de pantalla para un entramado dedicado al tráfico ilegal de fauna. La actuación, enmarcada en la operación 'Suartx', ha derivado en la investigación de cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal especializada en el comercio ilícito de especies.

Entre los animales recuperados se encontraban tortugas leopardo, tortugas de espolones, tortugas mediterráneas, iguanas, diversas especies de gecos, tarántulas y un varano del Nilo, todos ellos sin documentación ni trazabilidad legal. La mayoría procedía de cesiones irregulares realizadas desde distintos puntos del país.

Las pesquisas comenzaron en junio de 2023, cuando el Seprona detectó irregularidades en redes sociales relacionadas con una supuesta ONG que afirmaba dedicarse al cuidado de animales. Según las investigaciones, este grupo obtenía donaciones a cambio de publicidad, pese a carecer de permisos. Además, ofrecía cursos y programas de voluntariado con personas que trabajaban sin alta en la Seguridad Social.

El supuesto refugio también gestionaba un programa de apadrinamiento económico dirigido por una bióloga y otra persona que impartían charlas en centros educativos. Todo ello, bajo una estructura completamente al margen de la normativa municipal y ambiental.

Aunque los animales encontrados estaban en buen estado, los agentes comprobaron que muchos procedían de anteriores aprehensiones y donaciones. Cerca de 200 ejemplares habían muerto antes de la intervención, lo que evidenció la incapacidad del centro para garantizar su adecuada conservación.

Los cuatro investigados podrían enfrentarse a delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y pertenencia a organización criminal. En la operación han colaborado técnicos de CITES, personal de Tragsatec y agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados y a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo