En su primera comparecencia casi un mes después de los incendios forestales más devastadores, asegura que "se pusieron todos los medios disponibles·
7 años de cárcel para el leonés Alfredo Prada por irregularidades en el Campus de la Justicia de Madrid
La sentencia de la Audiencia Nacional también condena a 3 años y medio a un empresario leonés y a otros tres empleados de Prada. Entre los cinco condenados deberán abonar 40,5 millones de euros de indemnización
La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al que fuera vicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en el primer Gobierno de Esperanza Aguirre, el leonés Alfredo Prada, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación agravada por 24 contratos por un total de 40 millones de euros en la construcción del proyecto fallido del Campus de Justicia de Madrid entre los años 2005 y 2011, según publica el diario La Vanguardia.
El tribunal condena por el mismo delito a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto: el también leonés Alicio de las Heras (director financiero), Isabelino Baños (director general técnico), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
Entre los cinco condenados deberán abonar 40,5 millones de euros de indemnización.
A todos los condenados, la Audiencia Nacional les aplica una atenuante de dilaciones indebidas y les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas.
La Fiscalía solicitaba 8 años de cárcel para Prada y 6 años para otros cinco acusados que formaron parte del equipo directivo del Campus en la primera etapa del proyecto. Uno de ellos, Mariano José Sanz (subdirector general técnico), ha sido absuelto, porque la Sala entiende que un máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Al leonés Prada se le condena como autor del delito continuado de prevaricación, mientras que a los otros cuatro condenados se les considera cooperadores necesarios.
La causa se abrió en agosto de 2018.
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