El PSOE insta a la Junta de Castilla y León a que resuelva los expedientes de las ayudas al autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable pendientes, pues únicamente se han resuelto el 36 por ciento de las demandas realizadas y hay 25.000 familias que llevan dos años esperando el dinero.

El Grupo Socialista ha registrado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco acelere las tramitaciones y abone estas ayudas, que complementan con fondos propios el dinero asignado a la Comunidad de Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

La secretaria general del GPS y portavoz de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, ha denunciado que "debido únicamente a la mala gestión e ineficacia del Gobierno de Mañueco, 25.000 familias de Castilla y León llevan másde dos años esperando el dinero de la ayuda a la que tienen derecho".

La socialista ha insistido en que "hay dinero" para pagar las ayudas y ha criticado que el presidente de la Junta trate de "tapar su pésima gestión culpabilizando" al Gobierno central, al tiempo que ha denunciado que Castilla y León es la única Comunidad que no ha pedido fondos adicionales para poder atender a todos los solicitantes.

Rosa Rubio ha recordado que, hace dos años, el PSOE ya denunció el colapso de la Junta por falta de empleados públicos asignados a tramitar estas ayudas y ha acusado de Fernández Mañueco de incumplir su compromiso de reforzar las estructuras administrativas y poder dar así respuesta a las demanda en plazo.

El Grupo Socialista ha registrado también una pregunta para conocer en qué fecha se han incorporado las nuevas altas a la Dirección General de Energía y Mina, así como a las Secciones de Energía de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Empleo.

La socialista ha recordado que el Gobierno central ha aprobado cuatro ampliaciones de presupuesto para los cinco programas de incentivos para estas ayudas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desembolsado 117,8 millones de euros en Castilla y León, mientras la Junta incumple los plazos de seis meses para la resolución de las ayudas.