La oposición socialista urgió este viernes a la Junta de Castilla y León a presentar en el plazo de tres meses un decreto de incentivos para los sanitarios en las zonas de difícil cobertura, como ya han aprobado otras comunidades, a través de una iniciativa para su debate en las Cortes en la que plantean pagas anuales de entre 10.000 euros en el caso de los médicos y 3.000 de auxiliares.

La proposición no de ley para su debate en el pleno de las Cortes, publica Ical, en la que se contemplan incentivos retributivos y otros relacionados con la carrera profesional o la formación, fue presentada por el portavoz del grupo y secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, y por los portavoces sectoriales de Sanidad, Inmaculada García y Jesús Puente.

Los tres aludieron a un decreto de zonas de difícil cobertura aprobado por la Junta en 2019 con el que creían que se iba a resolver este problema, pero que no solo no se ha renovado ni actualizado, sino que "no ha servido para nada". A ello, unieron el acuerdo de marzo de 2023 de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en el que se determinan los criterios mínimos para identificar los puestos de difícil cobertura.

En este punto, Tudanca esgrimió que Castilla y León no se puede "quedar atrás" y la Junta debe determinar no solo un censo de estos puestos, sino acordar una dotación para los profesionales que presten sus servicios en esas zonas de la Comunidad. "Engañan y mienten, el decreto no se ha puesto en marcha", incidió, para subrayar que existe un marco nacional.

Los incentivos permitirían atraer y retener a los profesionales, además de garantizar el derecho a una sanidad de calidad en todos los territorios de la Comunidad, afectados ahora por falta de sanitarios o cierre de consultorios, en una prestación de servicios que serviría para "revertir la sangría de población", argumentó el portavoz socialista, en declaraciones publicadas por Ical. 

Tudanca afirmó que existen fondos, dado que se ha incrementado la aportación del Estado a través de las entregas a cuenta a la Comunidad, a lo que sumó el dinero dedicado por la Junta a la concertación con la privada, con una mención expresa a los últimos 22 millones para actividad con la sanidad privada o el canon anual por el Hospital de Burgos.

"El Gobierno ha planteado respuesta", aseveró, para subrayar que la convocatoria de plazas MIR para Castilla y León desde que gobierna Pedro Sánchez ha pasado de 454 a 762, por lo que afirmó que ese no es el problema, sino la falta de unos incentivos para esas zonas, como ya se han aprobado en Madrid (500 euros mensuales), Cataluña entre 2.000 y 3.500 euros anuales) o Valencia, que ha ido más lejos con un marco regulador completo.

Precisamente, un marco regulador es la propuesta del Grupo Socialista en la PNL presentada este viernes a los medios de comunicación, en la que plantean incentivos relacionados con la carrera profesional para que el desempeño de estos puestos en las zonas de difícil cobertura se compute como un mérito.

Igualmente, incentivos en los procesos de selección y provisión de plazas para que el trabajo durante dos años en un puesto vacante declarado de difícil cobertura suponga también un beneficio en el baremo de méritos en los concursos de traslados para la obtener una plaza.

También, incentivos a la formación a través de protocolos de colaboración con hospitales de referencia y para los casos de permanencia prolongada en estos puestos de difícil cobertura. La propuesta se completa con la petición de un registro actualizado con carácter anual en el que se recojan las plazas tanto en la Atención Primaria como en Asistencia Especializada.

Por último, explicó que su propuesta se enmarca en la posición de los profesionales y en informes del Procurador del Común en relación a los puestos de difícil cobertura.