Los inquilinos dejaron a deber a sus arrendadores 7.608,34 euros de media en 2023, una cantidad que supone un incremento de un 0,85% por encima de la deuda contraída el año anterior, según un estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro, recoge EFE.

Según ha explicado en un comunicado, si este incremento de la morosidad en casi un 1% parece discreto es porque el número de vivienda disponible en alquiler se ha reducido drásticamente en el último año. Por lo tanto, en términos relativos la morosidad continúa siendo considerable en función de las viviendas alquiladas existentes.

Por encima de la media nacional se encuentran las deudas contraídas por los inquilinos de Cataluña (10.425 euros), Madrid (9.550 euros), Baleares (9.663 euros) y País Vasco (7.939 euros).

Por su parte, en el lado contrario se encuentran Extremadura (3.306 euros), La Rioja (3.801 euros) y Castilla y León (4.069 euros), que se asienta entre las regiones menos morosas de España.

Los mayores aumentos de la morosidad con respecto a hace un año se registraron en Murcia, con un incremento del 3,8 %, seguida de la Comunidad Valenciana (3%) y Galicia (2,7%).

Tras un período anterior inflacionario, en 2023 comienzan a observar una moderación en los precios, debido al impacto de las políticas monetarias restrictivas del BCE y el riesgo de recesión global.

Sin embargo, a pesar de estas perspectivas la capacidad de pago de los ciudadanos continúa comprometida a causa de las deudas contraídas en el pasado, por lo que desde la Fundación Alquiler Seguro se prevé que seguirán encontrando dificultades para pagar las rentas de sus alquileres en el corto plazo.

Según ha subrayado el responsable de estudios de la Fundación, Sergio Cardona, a medida que van pasando los meses los precios no bajan, los salarios no suben y la deuda que contraen las familias con los propietarios se va incrementando. Para elaborar este estudio se han empleado como fuentes de información las propias del Fichero de Inquilinos Morosos, que se nutre de la información aportada por profesionales inmobiliarios, propietarios e información recopilada en fuentes de acceso público.