El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto a propuesta del Ministerio del Interior que modifica el Reglamento Penitenciario para permitir un mayor uso de medios tecnológicos a los presos con el fin de facilitar la comunicación con el exterior, lo que incluye la posibilidad de más llamadas mediante videoconferencia.

La nueva norma cambia tanto la frecuencia como la duración de las llamadas, que ahora podrán ser mínimo cinco por semana y con una duración mínima, cada una, de cinco minutos, cantidad y duración consideradas máximas hasta el momento en el Reglamento Penitenciario.

Una reforma que entrará en vigor 20 días después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha comunicado el Gobierno, que prevé que de esta forma puedan cumplirse mediante herramientas telemáticas derechos de los reclusos reconocidos en la legislación como comunicarse con el exterior, el trabajo remunerado, tramitar peticiones y reclamaciones o conocer su situación procesal.

Eso sí, el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska especifica que la norma está sujeta a las posibilidades materiales de cada centro penitenciario y, además, desde el respeto a los principios vigentes en seguridad digital y protección de datos.

Asimismo, el real decreto del Gobierno contempla que cada centro penitenciario regule por su cuenta el uso del ordenador y de otros dispositivos informáticos, como los dispositivos externos de almacenamiento y la conexión a las diferentes redes de comunicación.

En otro orden de cosas, Interior ha creado con este real decreto el nuevo Premio Nacional Concepción Arenal al Periodismo Penitenciario --sin dotación económica--, que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convocará anualmente para premiar trabajos que, "por su relevancia, trascendencia y calidad", contribuyan a dar a conocer a la sociedad la vida penitenciaria.

Marlaska ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el reglamento modificado data del año 1996 y que con esta reforma se busca utilizar las tecnologías de la comunicación para facilitar a los internos el ejercicio de sus derechos, y ha añadido que se ha comprobado su necesidad y eficacia durante la pandemia de la covid.